Las afectaciones alrededor del 19S no se deben al sismo magnitud 7.1, sino a la falta de atención integral a la emergencia, a la reconstrucción y sobre todo a la ausencia de una política pública de gestión de riesgos. En una de las ciudades más grandes del mundo, donde las dinámicas sociopolíticas son complejas, ¿cómo entender el problema mientras se enfrentan las pérdidas humanas y los daños en casas, escuelas y trabajos que trastocan la vida diaria? ¿Cómo exigir que la atención inmediata tenga visión a futuro?
La Ciudad de México, fundada en el lecho del lago de Texcoco, es particularmente vulnerable a los terremotos. Los sitios más afectados están ubicados a lo largo de la orilla del extinto lago. La geografía no es la culpable; la fragilidad ante desastres se ha exacerbado por la intensa extracción de agua del subsuelo, agravada por la tala de árboles en barrancas que captaban agua. El riesgo se acentúa por la ausencia de asesoría en la autoconstrucción de vivienda, la omisión en la revisión de nuevas construcciones y la falta de protocolos de emergencia. Aunado a esto, la normativa urbana beneficia principalmente a empresas inmobiliarias y la falta de gestión de riesgos aumenta los retos que sus condiciones geográficas presentan.
Escuchar y reconocer las voces de vecinos afectados es indispensable, así como enriquecerlas con las experiencias y balances que han surgido de organizaciones no gubernamentales, académicos y personas expertas en sismos y su atención.
Es necesario entretejer información y transformarla en acciones de gobierno. Como ciudadanía es indispensable exigir que la reconstrucción contemple la justicia ambiental y la garantía de derechos humanos para todas las personas que habitan, trabajan o visitan la ciudad.